El Gobierno español anunció ayer lunes que destinará entre 400 y 4000€ por persona o empresa a la adquisición de vehículos nuevos, según sus emisiones, desde hoy hasta 2022. Para acceder a estas ayudas bastará con entregar para desguazar un coche de más de diez años de antigüedad (si es de veinte se doblará el importe), y dentro de las opciones se incluirán tanto vehículos eléctricos e híbridos como únicamente de motor de combustión (gasolina y diésel).
El Ejecutivo argumentó esta decisión, según palabras del presidente Sánchez, en “mitigar las enormes consecuencias en 2020 causadas por la COVID mientras miramos hacia el futuro”. El parque automovilístico de nuestro país tiene una antigüedad media de trece años, por lo que las nuevas medidas pretenden reducir lo máximo posible esta cifra y crear de esta manera uno más limpio y eficiente.
Como no podría ser de otra manera, la patronal de concesionarios y de fabricantes de vehículos están muy satisfechos con la decisión, ya que les permitirá seguir adelante con su industria como han hecho hasta ahora. También se mostraron muy contentos los representantes de todos los sindicatos, pues de esta manera las fábricas seguirán abiertas y los trabajadores no serán despedidos.
Incógnitas respecto al futuro
Quien no debería estar tan feliz es la sociedad en conjunto. Un momento que debería ser clave para la transformación de un modelo antiguo y contaminante ha sido utilizado por el gobierno para darle un impulso a una industria que empezaba a ver cerca su fin tal y como la conocemos. Es obvio que el automóvil y todo lo que se mueve a su alrededor es una parte importante del tejido industrial español y que da empleo a decenas de miles de personas, pero eso no debe de ser un freno para buscar su actualización.
Cabe preguntarse en situaciones como esta para qué existe un Ministerio de “Transición Ecológica”, cuando a las primeras de cambio y con todo a favor se decide dar un paso atrás gigantesco en la lucha en favor del medio ambiente y en la posibilidad de reciclaje y nueva formación profesional para los empleados de uno de los sectores más perjudiciales para la salud de la población.
Además, estas nuevas decisiones -que no harán otra cosa que llenar nuestras calles de coches- van en contra de todo lo que se está haciendo en un sinfín de ciudades españolas, que han aprovechado estos meses para implantar una serie de medidas en favor de la movilidad sostenible eliminando espacio tradicionalmente dedicado a vehículos y devolviéndoselo a los peatones y a los usuarios de bicicletas o patinetes.
La «nueva normalidad» se parece a la vieja
El gobierno central tiene el poder de cambiar las cosas y disponía de la oportunidad de hacerlo, pero la ha desperdiciado por completo y ha demostrado estar muy por detrás en visión de futuro de los ayuntamientos de las ciudades. La sostenibilidad y la defensa del medio ambiente requieren valentía para encajar las críticas de algunos sectores de la población e imaginación para idear políticas sociales y económicas que permitan avanzar hacia un futuro más verde sin que nadie quede atrás, y casi 4000 millones de euros de inversión en este sentido tendrían un valor incalculable. Por desgracia, no parece que por ahora España vaya a transitar por ese camino.
